La Administración Biden da más flexibilidad para resolver casos de la Corte de Inmigración
El 15 de julio de 2021, el Fiscal General Merrick Garland restauró la autoridad de los jueces de inmigración en todo el país para hacer una pausa y eliminar los casos de inmigración de baja prioridad de la acumulación de casos judiciales de inmigración. Ahora hay más de 1.3 millones de casos pendientes en los tribunales de inmigración, un retraso que se duplicó bajo Trump.
Esta decisión se emitió en Asunto Cruz-Valdez anuló las acciones tomadas por el primer A.G. de Trump, Jeff Sessions. La nueva decisión restablece el "cierre administrativo", que permite a un juez de inmigración pausar los casos para las personas que están en el proceso de obtener una tarjeta verde u otra forma de alivio de inmigración, como el asilo. Por ejemplo, la decisión permitirá a los no ciudadanos en procedimientos de deportación buscar el cierre administrativo mientras solicitan una exención provisional de presencia ilegal I-601A si tienen la intención de continuar con el procesamiento consular. La acción de Garland anula una decisión llamada Asunto de Castro-Tum.
El Fiscal General Garland dijo: "[El cierre administrativo] también ha servido para facilitar el ejercicio de la discreción de la fiscalía, permitiendo que los abogados del gobierno soliciten que ciertos casos de baja prioridad se eliminen de los calendarios activos de los jueces de inmigración o del expediente de la junta, permitiendo así que los jueces se centren en casos de mayor prioridad".
El mes pasado, el presidente Biden también emitió un memorando a los fiscales que les permite una mayor discreción para retirar ciertos casos. El memorando alentó a los fiscales a pausar los casos contra los titulares de la tarjeta verde y las personas que eran ancianos, embarazadas, tienen problemas de salud graves, o que han estado en los Estados Unidos desde una edad temprana.
